Ciudad de México —
El Gobierno de México anunció un ajuste histórico en su política comercial: a partir de este año, los vehículos provenientes de países con los que no existen Tratados de Libre Comercio deberán pagar un arancel del 50 % para ingresar al mercado nacional.
La medida afecta principalmente a automóviles eléctricos de origen chino, entre ellos modelos de la marca BYD, además de ciertos vehículos importados por Tesla que no cuentan con beneficios arancelarios. La decisión busca fortalecer la producción nacional, incentivar inversiones dentro del territorio y reducir la dependencia de importaciones que presionan el déficit comercial.
Aunque la iniciativa ha sido presentada como un paso hacia la soberanía industrial, la reacción empresarial no se hizo esperar. Fabricantes de autos eléctricos temen una caída en ventas, mientras que consumidores advierten sobre posibles incrementos en los precios finales.
El gobierno, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que los aranceles no son un castigo a un país en específico, sino una estrategia general para proteger la economía mexicana. “No son medidas coercitivas, queremos mantener relaciones comerciales sanas”, afirmó la mandataria, en referencia a las tensiones diplomáticas que surgieron con China tras el anuncio.
Analistas consideran que esta política es arriesgada: por un lado, podría atraer más ensambladoras a México y generar empleo; por otro, incrementa la incertidumbre sobre la competitividad de los autos eléctricos en el país. Lo que es seguro es que la medida coloca a México en el centro del debate sobre el equilibrio entre apertura comercial y protección de la industria local.
