A once años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las protestas de madres y padres de familia volvieron a tomar las calles y puntos clave del país para exigir justicia y verdad. Sin embargo, la tensión creció tras las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien calificó como “provocaciones” los actos violentos registrados frente al Campo Militar No. 1.
En días recientes, los familiares realizaron bloqueos, marchas y actos simbólicos, algunos acompañados de acciones más radicales como incendiar un camión y derribar vallas en instalaciones militares. El objetivo, aseguran, es presionar al gobierno federal para que entregue los 800 folios en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), documentos que consideran fundamentales para conocer el paradero de sus hijos.
La postura del gobierno
Sheinbaum reiteró su compromiso con las familias y la investigación del caso, asegurando que su administración no caerá en provocaciones ni justificará represión alguna. También anunció que habrá un nuevo fiscal especial y refrendó la disposición de su gobierno para llegar a la verdad.
La respuesta de los padres
Las declaraciones no tardaron en generar reacción. En voz de Mario González y otros representantes, los padres aclararon que “las protestas no son provocaciones, son el hartazgo” tras más de una década sin justicia. Denunciaron que el ocultamiento de información por parte del Ejército sigue siendo el mayor obstáculo y advirtieron que la falta de respuestas concretas pone en duda la voluntad real del Estado.
Un aniversario marcado por la desconfianza
En este 11.º aniversario, el movimiento por Ayotzinapa mantiene la exigencia central: presentar con vida a los 43 estudiantes y esclarecer las responsabilidades del Ejército y autoridades involucradas. Mientras tanto, el desencuentro entre la narrativa oficial y el reclamo de las familias refleja la persistente fractura entre gobierno y víctimas.
