Un tribunal federal concedió una suspensión provisional a José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, con lo que se frena momentáneamente la ejecución de la condena de 92 años de prisión que le fue impuesta por el secuestro de siete integrantes del movimiento campesino Unidad Popular, ocurrido en 2013.
La resolución judicial permitirá a Abarca permanecer en espera de que se resuelva el juicio de amparo que interpuso contra la sentencia dictada en su contra. Mientras tanto, la medida evita que la pena quede firme y abre una nueva etapa en el largo proceso judicial que ha enfrentado el exfuncionario.
Abarca, figura central en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, enfrenta múltiples procesos penales. Aunque en 2022 fue absuelto de la acusación directa por la desaparición de los estudiantes, en 2023 fue sentenciado a más de nueve décadas de prisión por el secuestro de los dirigentes de la Unidad Popular.
La decisión del tribunal no implica su liberación inmediata, pero sí genera un debate en torno al alcance de la justicia y a la capacidad de los exfuncionarios de recurrir a recursos legales para retrasar o revertir sentencias firmes.
El caso de Abarca ha sido uno de los más polémicos en la historia reciente de México, pues su nombre se mantiene ligado tanto a graves violaciones a derechos humanos como a presuntos vínculos con el crimen organizado en Guerrero. Con esta suspensión, el proceso judicial seguirá bajo revisión, lo que mantiene en expectativa a familiares de víctimas y a organizaciones sociales que exigen justicia.
