Cuernavaca, Mor. — Info360. El Ayuntamiento de Cuernavaca vuelve a estar en el ojo del huracán tras múltiples denuncias de corrupción, acoso y extorsiones que afectan a bares, restaurantes, comercios y automovilistas. Empresarios locales aseguran que inspectores municipales han convertido la supervisión en un mecanismo de presión para exigir pagos ilegales a cambio de permisos, evitar clausuras o permitir la operación de negocios.
Uno de los casos más sonados involucra a tres empleados municipales que fueron vinculados a proceso por presuntamente exigir 200 mil pesos a un empresario dueño de un autocinema. La Fiscalía Anticorrupción de Morelos también imputó al alcalde Francisco Villalobos y a su director de Protección Civil por el mismo delito de cohecho.
En paralelo, la administración municipal ha tenido que cesar a inspectores señalados por actos de corrupción, mientras que organizaciones civiles y comerciantes del centro histórico han denunciado la existencia de un “cobro de piso institucionalizado” disfrazado de inspecciones y multas.
Restauranteros bajo presión
Dueños de bares y restaurantes aseguran que las cuotas exigidas para obtener o mantener permisos de uso de suelo llegan a ser desproporcionadas. Un ejemplo es el caso de Zapaterías Tres Hermanos, a quienes se les solicitaron 80 mil pesos adicionales para poder operar de manera regular, de acuerdo con denuncias publicadas en medios locales.
Un patrón de impunidad
Aunque la Fiscalía Anticorrupción ha iniciado investigaciones y procesos, empresarios advierten que la práctica sigue extendida. “Los funcionarios cambiaron, pero el sistema de acoso se mantiene. Hoy, abrir un negocio en Cuernavaca significa enfrentarse a una red de corrupción oficializada”, declaró un restaurantero que pidió el anonimato por temor a represalias.
El desafío pendiente
La presión ciudadana exige no solo la sanción a funcionarios señalados, sino una reforma estructural en los mecanismos de inspección municipal, que deje de ser un espacio de corrupción y acoso hacia comerciantes y automovilistas. Sin un cambio real, la extorsión institucionalizada seguirá siendo parte del costo de hacer negocios en Cuernavaca.
