Ciudad de México, 3 de mayo de 2025 — El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que este domingo se presentarán más de 20 impugnaciones contra diversos candidatos que buscan integrarse al Poder Judicial mediante elección popular. El legislador argumentó que varios de los aspirantes tienen antecedentes graves e incluso presuntos vínculos con grupos criminales, lo cual pone en riesgo la legitimidad del proceso.
Entre los casos más polémicos figuran Silvia Delgado, exabogada de Joaquín «El Chapo» Guzmán, quien busca convertirse en jueza penal en Chihuahua; Francisco Herrera Franco, exfiscal conocido como “el fiscal del terror”, señalado por abusos de autoridad y posibles colaboraciones con el crimen organizado; y Francisco Martín Hernández Zaragoza, destituido previamente por acusaciones de abuso sexual. También se encuentran postulantes vinculados con la iglesia La Luz del Mundo, cuyo líder fue condenado por delitos sexuales en Estados Unidos.
El proceso electoral, programado para el 1 de junio, es inédito en México: por primera vez, la ciudadanía elegirá por voto directo a jueces, magistrados y ministros. Sin embargo, esta apertura ha generado una ola de controversias debido a la inclusión de perfiles con antecedentes cuestionables.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha implementado mecanismos para identificar a aspirantes con historial de violencia de género, delitos sexuales o deudas alimentarias. Si bien estos filtros no impiden su participación inmediata, podrían derivar en la anulación de triunfos si se comprueban responsabilidades penales.
Fernández Noroña ha acusado al Poder Judicial de intentar obstaculizar la elección mediante recursos legales y amparos, y reiteró que el proceso no se detendrá. Afirmó que el Senado velará por que se garantice la participación de todos los candidatos debidamente registrados, aunque insistió en la necesidad de depurar el padrón de aspirantes para evitar que el crimen organizado se infiltre en las instituciones judiciales.
El anuncio ocurre en medio de un clima de tensión política y desconfianza ciudadana frente a una elección judicial que promete transformar la relación entre los poderes del Estado, pero que también expone las debilidades del sistema en materia de transparencia y control de antecedentes.
