El Instituto Nacional Electoral (INE) ha dejado claro que no puede intervenir en la cancelación de candidaturas al Poder Judicial, incluso cuando estas generan controversia o presentan presuntos vínculos con el crimen organizado. En medio de una creciente presión desde el Congreso y sectores de la sociedad civil, el órgano electoral sostiene que no tiene facultades legales para excluir a ningún aspirante.
El conflicto surge tras la impugnación de al menos 26 candidaturas promovidas por Morena, el partido mayoritario en el Congreso. Entre los casos señalados se encuentran 18 aspirantes bajo sospecha por delitos que van desde abuso sexual y peculado hasta vínculos con grupos criminales. A esto se suman otros ocho aspirantes que no cumplirían con los requisitos académicos mínimos, como el promedio escolar exigido.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, el INE insiste en que su papel es exclusivamente administrativo. La consejera Claudia Zavala fue tajante: “No vamos a juzgar si las candidaturas son correctas o incorrectas. Esa no es nuestra función. Cualquier inconformidad debe canalizarse a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.
El proceso ha estado marcado por irregularidades desde su inicio. Según la consejera Dania Ravel, los errores en las listas de candidatos —como nombres incorrectos, omisiones y cambios de último momento— complicaron aún más la labor del INE. Sin embargo, la institución electoral afirma que no puede corregir esos errores y que corresponde a los afectados presentar recursos legales ante las instancias correspondientes.
A pesar de su limitada capacidad de acción, el INE ha habilitado un micrositio para recibir denuncias ciudadanas sobre los perfiles de los aspirantes. En este espacio se pueden reportar antecedentes penales, casos de violencia de género o incumplimiento de obligaciones alimentarias, con el objetivo de garantizar mayor transparencia.
Una de las candidaturas más polémicas es la de Silvia Delgado, exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien ahora busca una posición como jueza penal en Chihuahua. Casos como este han encendido las alarmas sobre los filtros de selección y los mecanismos de control institucional.
La elección judicial está programada para el 1 de junio de 2025. Si bien el INE continúa con los preparativos, la responsabilidad de anular candidaturas que resulten comprometidas recae, en última instancia, en el Tribunal Electoral. La batalla legal apenas comienza.
