El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, expresó su inconformidad ante la posibilidad de que Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, reciba beneficios judiciales en Estados Unidos, país al que fue extraditado en 2023.
Durante declaraciones recientes, Harfuch subrayó que la detención de Guzmán —ocurrida en enero del año pasado en Culiacán— fue resultado de una compleja operación encabezada por fuerzas de seguridad mexicanas, que dejó un saldo de varios militares fallecidos. “Es lamentable que, tras un operativo tan costoso para el país, ahora se discuta la posibilidad de otorgarle beneficios sin transparencia ni consulta previa con el gobierno mexicano”, declaró.
El funcionario también se refirió a la reciente salida de 17 familiares de Ovidio Guzmán hacia territorio estadounidense, lo que considera una señal clara de un posible acuerdo entre el narcotraficante y las autoridades del país vecino. Esta acción, sostuvo, se dio sin coordinación ni aviso a México, lo que resulta preocupante desde la perspectiva de la soberanía nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum también se sumó a las críticas, al cuestionar la aparente contradicción en la política estadounidense que, por un lado, afirma no negociar con terroristas y, por otro, podría estar facilitando acuerdos con un líder criminal cuya organización ha sembrado violencia dentro y fuera de México.
Ambos funcionarios coincidieron en que este tipo de decisiones unilaterales dañan la relación bilateral en materia de seguridad y cooperación contra el crimen organizado, además de enviar un mensaje negativo a las fuerzas mexicanas que han pagado con vidas el combate al narcotráfico.
La controversia ha puesto en el centro del debate el papel de la justicia estadounidense en casos de alta relevancia y la necesidad de una coordinación más estrecha y respetuosa con México cuando se trata de figuras del crimen organizado que afectan a ambos países.
