Ciudad de México, 28 de mayo de 2025 — Con un respaldo mayoritario en el Congreso, el gobierno mexicano logró concretar una de sus reformas más ambiciosas: devolver al Estado el control estratégico del sector energético. La reforma energética aprobada por el Senado y ratificada por la Cámara de Diputados redefine el papel de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), otorgándoles nuevamente el estatus de empresas públicas prioritarias.
Más allá del mercado: el Estado como eje energético
Con esta reforma, Pemex y CFE dejan de operar como “empresas productivas del Estado” para reincorporarse plenamente a la administración pública federal. Esto implica que su objetivo principal deja de ser la rentabilidad comercial y se orienta ahora a garantizar el acceso universal a la energía como un derecho social y un componente clave de la soberanía nacional.
Además, la CFE deberá encargarse de al menos el 54% de la generación eléctrica del país, dejando el 46% restante al sector privado, pero bajo esquemas de asociación en los que la empresa estatal mantenga el control mayoritario. Pemex, por su parte, gana mayor flexibilidad para asociarse con empresas privadas en exploración y producción, sin necesidad de licitaciones reguladas por entes externos.
Nuevo marco institucional
Otro cambio profundo es la desaparición de los órganos reguladores autónomos: la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Sus funciones pasan ahora a la Secretaría de Energía (SENER), que tendrá como brazo técnico a una nueva Comisión Nacional de Energía (CNE), diseñada como un órgano desconcentrado con independencia operativa, pero bajo el mando del Ejecutivo.
En el plano fiscal, se consolidan las cargas impositivas de Pemex en un solo concepto: el “Derecho Petrolero para el Bienestar”, eliminando varios impuestos previos y permitiendo, según el gobierno, una operación más eficiente.
Reacciones encontradas
El paquete de reformas fue aprobado en el Senado con 85 votos a favor y 39 en contra, y posteriormente validado en la Cámara de Diputados con una amplia mayoría. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto presidencial con un discurso que subrayó el retorno de “la energía al pueblo de México”.
La reforma ha polarizado la opinión pública. Mientras sus defensores celebran un regreso a la soberanía energética y el fortalecimiento del Estado frente a intereses privados, críticos advierten sobre los riesgos de eliminar contrapesos regulatorios, afectar la inversión extranjera y frenar la transición hacia energías limpias.
La nueva política energética representa un giro estructural hacia el control estatal del sector, con profundas implicaciones económicas, políticas y ambientales. El verdadero impacto se medirá en los próximos años, conforme Pemex y CFE asuman nuevamente el protagonismo que tuvieron durante buena parte del siglo XX.
