En un hecho sin precedentes desde 1965, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que su administración interpondrá una demanda contra el expresidente Donald Trump por el despliegue unilateral de la Guardia Nacional en Los Ángeles. La acción, ejecutada sin consentimiento estatal, fue calificada como “ilegal” y “una peligrosa extralimitación del poder federal”.
Una ciudad en crisis
La ciudad de Los Ángeles ha sido el epicentro de intensas protestas desde el pasado 6 de junio, cuando agentes del ICE realizaron una serie de redadas en distintos vecindarios, resultando en la detención de más de 100 personas, en su mayoría de origen latino. Según fuentes oficiales, al menos 35 de los detenidos son ciudadanos mexicanos.
Las manifestaciones, que comenzaron de forma pacífica, escalaron rápidamente en intensidad. En barrios como Paramount, Compton y el centro de Los Ángeles, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, vehículos incendiados—incluyendo unidades de la empresa Waymo—y severos daños a propiedad pública y privada.
El despliegue federal sin consentimiento
En respuesta a los disturbios, el expresidente Trump ordenó el despliegue de más de 2,000 elementos de la Guardia Nacional, bajo el amparo del Título 10 del Código de Estados Unidos, que permite federalizar tropas en ciertas circunstancias. Sin embargo, esta acción se llevó a cabo sin notificación ni autorización del gobernador, lo cual, de acuerdo con expertos en derecho constitucional, representa una violación al principio de soberanía estatal consagrado en la Constitución.
“Esto no solo fue una falta de respeto, fue un abuso del poder presidencial”, declaró Newsom en rueda de prensa desde Sacramento. “Hay un protocolo. Hay leyes claras. Este exmandatario las ignoró deliberadamente. Mintió al pueblo estadounidense al afirmar que existía coordinación. Eso nunca ocurrió”, acusó.
El gobernador también adelantó que el estado de California presentará una demanda federal para frenar este tipo de intervenciones, buscando sentar un precedente que limite el uso político de las fuerzas militares dentro del territorio nacional.
La batalla legal: ¿puede un presidente imponer tropas a un estado?
El caso, que ya está siendo seguido de cerca por juristas y organizaciones civiles, plantea un conflicto constitucional: ¿puede el presidente de EE.UU. desplegar la Guardia Nacional sin el consentimiento del gobernador del estado afectado?
Según el abogado constitucionalista Michael Waldron, profesor en la Universidad de Stanford, “la doctrina del federalismo impide que el gobierno central interfiera militarmente en un estado sin consentimiento, salvo que exista insurrección o amenaza a instalaciones federales inminente y verificable. Este caso no cumple con esos criterios”.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) también se ha pronunciado en contra del despliegue, advirtiendo que “abre la puerta a la militarización de conflictos civiles y vulnera los derechos de protesta y organización”.
Respuesta desde México
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, condenó las redadas y la posterior represión. En una declaración oficial, respondió directamente a los dichos de Trump, quien calificó a los inmigrantes como “criminales” y “una amenaza”.
“Los mexicanos que viven en Estados Unidos son trabajadores honestos. No son una amenaza, son una fuerza viva y productiva que sostiene sectores clave de la economía estadounidense. Condenamos los operativos que criminalizan la migración y rechazamos toda política de militarización en contextos civiles”, afirmó Sheinbaum desde Palacio Nacional.
Además, la cancillería mexicana activó protocolos de protección consular para brindar asistencia legal a los ciudadanos detenidos, mientras organizaciones migrantes intensifican su presión internacional para denunciar los abusos cometidos.
Voces desde la calle
Grupos como Coalición por los Derechos del Inmigrante de California y Angelenos Sin Fronteras han denunciado un uso excesivo de la fuerza durante las redadas y protestas. “Nuestros barrios están militarizados. Hay miedo. Hay rabia. Pero también hay dignidad. Y no vamos a retroceder”, afirmó Karla Méndez, activista migrante en Boyle Heights.
Testimonios recogidos por este medio dan cuenta de allanamientos sin órdenes judiciales, detenciones arbitrarias y violencia física por parte de las autoridades.
Lo que viene
La demanda presentada por el gobierno de California podría llegar a la Corte Suprema, marcando un hito legal con repercusiones para la relación entre estados y la presidencia en contextos de emergencia. Mientras tanto, la situación en las calles sigue siendo tensa. Aunque se ha reducido la presencia militar en algunos puntos, la amenaza de nuevos enfrentamientos persiste.
Este episodio revive viejos fantasmas de autoritarismo y xenofobia en la política estadounidense, justo en un año marcado por campañas presidenciales intensas y una creciente polarización social.
