Ciudad de México, 9 de mayo de 2025 — El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, presentó una demanda civil contra Google por una polémica decisión cartográfica: la modificación del nombre “Golfo de México” a “Golfo de América” en su plataforma de mapas digitales.
La acción legal, presentada en tribunales mexicanos, alega que este cambio representa una afrenta directa a la soberanía nacional, así como una distorsión geográfica que impacta negativamente en la identidad histórica y cultural del país. El Ejecutivo mexicano exige que Google restituya el nombre original para todas las áreas del golfo que pertenecen a territorio mexicano y también en la franja costera de Cuba.
“El Golfo de México no solo es una designación geográfica, es una parte fundamental de nuestra historia, nuestra cultura y nuestra economía. No permitiremos que intereses corporativos reescriban los mapas del mundo a su antojo”, expresó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado oficial.
El cambio de nombre en la plataforma de Google Maps, aparentemente sin previo aviso, ha generado una ola de críticas tanto en círculos académicos como entre usuarios. La controversia se intensificó en redes sociales, donde miles de internautas manifestaron su rechazo bajo etiquetas como #ElGolfoEsDeMéxico y #GoogleRespeta.
Por su parte, Google aún no ha emitido una respuesta oficial sobre la demanda, aunque fuentes cercanas a la compañía aseguran que el nombre «Golfo de América» es parte de una actualización algorítmica basada en fuentes cartográficas internacionales. Sin embargo, el gobierno mexicano considera insuficiente dicha explicación y ha reiterado su intención de agotar todas las vías legales para que se respete la denominación histórica.
El conflicto abre un debate más amplio sobre el poder que ejercen las grandes plataformas digitales en la representación del territorio global y sus implicaciones geopolíticas. En un mundo donde la información geográfica digital influye en la percepción y uso de los espacios, este caso podría sentar un precedente clave sobre los límites de las empresas tecnológicas frente a la soberanía de los Estados.
