Cuernavaca, Morelos. La desaparición de personas sigue siendo una de las problemáticas más dolorosas y urgentes en el estado de Morelos. A pesar de avances institucionales y mayor visibilidad del tema, los desafíos estructurales continúan limitando el acceso a la verdad y la justicia para cientos de familias.
De acuerdo con datos oficiales y organizaciones civiles, hasta mayo de 2024 se contabilizaban al menos 1,812 personas desaparecidas en la entidad. Desde 2020, Morelos ha registrado un promedio de 280 casos por año, lo que mantiene al estado en una situación crítica.
Avances institucionales
En un intento por enfrentar esta crisis, el gobierno estatal puso en marcha el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas a inicios de 2024, con la finalidad de fortalecer la coordinación entre autoridades, colectivos de familias y organismos nacionales. Además, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos ha redoblado esfuerzos en acciones de campo, así como en el acompañamiento emocional y legal a las familias.
Asimismo, se ha anunciado la creación del Centro Regional de Identificación Humana, que busca reforzar las capacidades forenses de la entidad y mejorar los procesos de identificación de restos humanos.
Pendientes urgentes
Pese a los avances, los retos son profundos. Colectivos de búsqueda y organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que la crisis forense persiste, con una gran cantidad de cuerpos sin identificar y sin condiciones dignas de resguardo. A esto se suma la necesidad de garantizar la capacitación continua del personal, el acceso efectivo a información y una mayor voluntad política para atender las demandas de las familias.
La descoordinación entre niveles de gobierno y la falta de resultados concretos han sido señaladas como barreras que impiden un trabajo eficaz y sensible frente a esta problemática.
Un compromiso pendiente
Las familias continúan siendo el motor de la búsqueda. Con recursos propios, tiempo y dolor a cuestas, muchas de ellas han emprendido búsquedas en campo, exigido justicia en tribunales e impulsado cambios legislativos. El llamado es claro: se necesita una respuesta institucional más humana, eficiente y comprometida con quienes siguen esperando noticias de sus seres queridos.
El Estado mexicano tiene una deuda histórica con las personas desaparecidas y sus familias. En Morelos, esa deuda está lejos de saldarse, pero el esfuerzo por mantener viva la memoria y exigir justicia sigue firme, encabezado por quienes no se cansan de buscar.
