El tráfico ilegal de combustibles se ha convertido en una nueva veta de ingresos millonarios para los cárteles mexicanos, que ahora han llevado el huachicol más allá de las fronteras. Organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han profesionalizado este delito, infiltrando redes de distribución tanto en México como en Estados Unidos, y utilizando empresas fachada para mover grandes volúmenes de gasolina y diésel robado.
De acuerdo con estimaciones del Clúster Energético de Nuevo León, diariamente se comercializan de manera ilegal hasta cinco millones de litros de combustible, lo que representa una evasión fiscal de unos 35 millones de pesos al día. A nivel nacional, el SAT calcula que el huachicol genera pérdidas de alrededor de 3 mil millones de pesos mensuales.
Petróleos Mexicanos también ha encendido las alarmas: tan solo en 2023 reportó la existencia de casi 15 mil tomas clandestinas, lo que se tradujo en pérdidas que superan los 1,191 millones de dólares. Estas cifras revelan no solo el impacto económico del robo de hidrocarburos, sino también el fortalecimiento de las estructuras criminales que lo operan.
Estados Unidos ha comenzado a responder con sanciones. El Departamento del Tesoro ha incluido en su lista negra a empresas y operadores vinculados al CJNG por su participación directa en el contrabando de combustible. La red criminal involucra transporte ilegal, corrupción institucional y conexiones transfronterizas que dificultan su desarticulación.
Además del daño económico, esta actividad ilegal representa un riesgo para la seguridad pública. Las tomas clandestinas suelen estar en zonas urbanas o rurales densamente pobladas, y han provocado accidentes trágicos, incendios y explosiones. A esto se suma un repunte en la violencia en regiones controladas por grupos criminales que protegen estos ductos y rutas de distribución.
Aunque los gobiernos de México y Estados Unidos han intensificado la cooperación para frenar el avance del huachicol, expertos advierten que los esfuerzos siguen siendo insuficientes. La corrupción y la débil fiscalización de la cadena de suministro de combustibles continúan siendo los principales obstáculos para combatir esta lucrativa actividad delictiva.
Con una estructura bien financiada y ramificaciones internacionales, el contrabando de huachicol se consolida como una de las principales fuentes de ingreso para los cárteles, al nivel del narcotráfico. La lucha por recuperar el control de esta industria ilegal apenas comienza.
