Ciudad de México, 8 de mayo de 2025 — El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, lanzó una grave acusación contra jueces del Poder Judicial Federal, a quienes señaló por emitir resoluciones que, según afirmó, han favorecido directamente a líderes del crimen organizado.
Durante una conferencia de prensa, Harfuch presentó una lista de 193 resoluciones judiciales emitidas entre octubre de 2024 y abril de 2025, las cuales habrían beneficiado a más de 100 presuntos integrantes de organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y La Familia Michoacana. Entre los beneficios señalados destacan liberaciones, traslados a penales de menor seguridad y frenos a procesos de extradición.
“Estamos frente a decisiones que comprometen la seguridad nacional”, advirtió Harfuch. “No podemos permitir que el aparato de justicia sea utilizado como escudo por quienes han atentado contra la vida y la paz de millones de mexicanos”.
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó de inmediato la postura de su gabinete y reiteró la necesidad de una reforma profunda al sistema judicial. Enfatizó que el actual modelo carece de mecanismos de control y castigo frente a conductas irregulares, y defendió la propuesta de elegir jueces mediante voto popular.
“Un juez debe responderle al pueblo, no a intereses oscuros”, declaró Sheinbaum. “Por eso proponemos un nuevo modelo, donde haya rendición de cuentas y se termine con la impunidad judicial”.
Por su parte, el fiscal general Alejandro Gertz Manero reveló que desde la Fiscalía se han identificado obstáculos dentro del propio Poder Judicial que impiden actuar legalmente contra jueces sospechosos de corrupción. Aseguró que una vez renovado el Consejo de la Judicatura —como se plantea tras las elecciones del 1 de junio— se podrá actuar legalmente contra quienes han abusado de su autoridad.
Estas declaraciones han reavivado el debate sobre la independencia judicial en México. Mientras desde el Ejecutivo se insiste en la urgencia de una transformación, diversas voces desde la academia y organizaciones de derechos humanos alertan sobre los riesgos de politizar la justicia y comprometer su autonomía.
Lo cierto es que el choque entre el Poder Ejecutivo y el Judicial ha escalado, y lo que está en juego no es solo el futuro de algunos jueces, sino el rumbo institucional del país.
