La violencia política vuelve a teñir de luto el proceso electoral en México. Yesenia Lara Gutiérrez, aspirante a la presidencia municipal de Texistepec por el partido Morena, fue asesinada a balazos el pasado 11 de mayo mientras participaba en una caravana de campaña. El ataque, perpetrado por sujetos armados que se desplazaban en motocicleta, también dejó tres personas más sin vida y al menos otras tres heridas, según confirmaron autoridades estatales.
Yesenia Lara, reconocida por su trayectoria como agente municipal de Las Camelias y su paso como síndica única, era una figura de arraigo comunitario. Su historia de vida estaba marcada por la violencia: su esposo, Enrique Argüelles, exregidor del municipio, fue asesinado en 2022, en un crimen que permanece sin resolverse.
Este atentado ocurre a menos de tres semanas de los comicios municipales del 2 de junio y se suma a una preocupante escalada de agresiones contra figuras políticas en el estado. Veracruz ha sido identificado como una de las entidades más peligrosas para ejercer un cargo público, con más de 100 funcionarios locales asesinados entre 2018 y 2024.
Diversas voces, entre ellas la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Rocío Nahle, han condenado el crimen y exigido una investigación a fondo. Sin embargo, el temor crece entre candidatos y ciudadanía ante la posibilidad de que este proceso electoral se vea manchado por la impunidad y la violencia.
Organismos como Integralia y Data Cívica han advertido sobre el riesgo que enfrentan los actores políticos, especialmente a nivel municipal, donde las estructuras de seguridad son más frágiles y la influencia del crimen organizado más directa.
El asesinato de Yesenia Lara no solo representa una pérdida humana y política; es también un grito de alarma sobre los límites de la democracia en zonas marcadas por la inseguridad. Su muerte vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de proteger la vida y la integridad de quienes, con convicción, buscan servir a sus comunidades.
