Diversas organizaciones civiles han presentado denuncias ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra al menos 11 candidatos que buscan ocupar cargos en el Poder Judicial de la Federación en las elecciones programadas para el 1 de junio de 2025. Las acusaciones señalan presuntos vínculos con el crimen organizado, violencia de género y otros antecedentes cuestionables.
Candidatos señalados
Entre los perfiles denunciados se encuentran:
- Fernando Escamilla Villarreal: Candidato a juez penal en Nuevo León, quien ha defendido a integrantes del cártel de Los Zetas, incluyendo a Miguel Ángel Treviño Morales («Z-40») y Eleazar Medina Rojas («El Chelelo»). Además, fue sentenciado por portación ilegal de armas de fuego.
- Andrés Montoya García: Exadministrador penitenciario en Sonora y candidato a magistrado federal. Se le vincula con la desaparición del periodista José Alfredo Jiménez Mota en 2005.
- Nicollino Cangiamilla: Exdirector del Sistema Penitenciario de Sonora y candidato a magistrado federal. Ha sido señalado por encubrimiento de feminicidio y presuntos nexos con el crimen organizado .
- Francisco Martín Hernández Zaragoza: Juez destituido en 2015 por abuso sexual, cuya candidatura fue aprobada pese a la sanción definitiva confirmada por la Suprema Corte.
- Edgar Agustín Rodríguez Beiza: Acusado de abuso sexual y cuestionado por su rol como juez en un caso de violación .
Estas denuncias fueron presentadas por la organización civil Defensorxs, encabezada por el abogado Miguel Alfonso Meza, quien solicitó al INE la cancelación de estas candidaturas antes de que aparezcan en las boletas electorales.
Respuesta del INE
El INE ha aprobado un filtro para los 3,414 candidatos a jueces, magistrados y ministros, con el objetivo de detectar antecedentes penales como violencia de género, delitos sexuales, violencia familiar o deudas alimentarias. Aunque no podrá impedir su participación el día de las elecciones, sí podrá utilizar esta información al momento de validar y otorgar las constancias de mayoría el 15 de junio .
La polémica en torno a estas candidaturas ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad, quienes exigen una revisión rigurosa del proceso electoral para garantizar la integridad y legitimidad del Poder Judicial en México.
