Ciudad de México, 11 de mayo de 2025 — La revocación de las visas estadounidenses de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y de su esposo, Carlos Torres Torres, ha encendido las alarmas tanto en México como en Estados Unidos. Aunque hasta ahora no existen cargos formales en su contra, el hecho ha desatado una ola de especulaciones sobre presuntos vínculos con el crimen organizado y posibles investigaciones del gobierno norteamericano.
Fue la propia mandataria quien confirmó la revocación a través de redes sociales, asegurando que se trató de una decisión unilateral del Departamento de Estado y que confía en que todo se resolverá de forma transparente. Su esposo, actual funcionario estatal, también expresó tranquilidad y negó ser objeto de alguna indagatoria en México o en EE.UU.
No obstante, versiones periodísticas —como las del comunicador Gustavo Macalpin— han sugerido que agencias estadounidenses, como la DEA y el Departamento del Tesoro, estarían investigando presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas a su entorno. Hasta el momento, dichas afirmaciones no han sido validadas por fuentes oficiales en ninguno de los dos países.
El episodio ha generado particular inquietud por tratarse de una figura política de alto perfil y de una entidad fronteriza estratégica para la cooperación bilateral en temas de seguridad, migración y comercio.
Aunque las autoridades estadounidenses no han emitido un posicionamiento formal sobre el caso, analistas coinciden en que este tipo de acciones rara vez son arbitrarias y podrían formar parte de procesos de inteligencia más amplios.
Por ahora, la gobernadora y su equipo enfrentan no solo el reto político de la gestión cotidiana, sino el creciente escrutinio público nacional e internacional que podría marcar el rumbo de su administración en los próximos meses.
